Por Hernán López
Pasó una semana de suma actividad en materia sindical, luego que el Gobierno bonaerense recibiera a los gremios más importantes de la órbita pública y lograra acuerdos con los docentes y estatales. Con los primeros, hubo un entendimiento para implementar una suba del 8,24 por ciento, mientras que los segundos recibieron sólo el 7 por ciento pero el agregado de 6 recategorizaciones, reclamo de larga data.
Son incrementos para los dos primeros meses del año. Enero y febrero serán liquidados -en febrero y marzo- con sendas actualizaciones.
Por su parte, los médicos y judiciales también fueron recibidos por los funcionarios de la provincia. Los profesionales de la salud decidirán si aceptan la modificación salarial durante el próximo miércoles, cuando volverán a sentarse para negociar, mientras que los representados por la AJB rechazaron el 7 por ciento a cuenta sin mayores apelaciones.
Sin embargo, cada paritaria es un universo aparte, con sus propias tradiciones. Por eso un repaso no está demás.
La paritaria docente es, generalmente, el escenario más importante cuando empieza el año. La negociación arranca un mes antes del inicio de clases, que es en marzo, y la proximidad con el ciclo lectivo representa un condicionante fundamental: la posibilidad de que las aulas queden vacías, y los chicos no tengan dónde ir, da a los maestros un poder de extorsión considerable.
El sector está representado por el Frente Gremial Docente, a su vez compuesto por SUTEBA y la FEB -estos dos últimos son los más numerosos en cantidad de afiliados-, pero también la UDA, los privados de SADOP y los técnicos de la AMET. Más marginal, aunque belicoso en sus demandas, es UDOCBA, que dio un golpe importante a fines de 2014 luego de un fallo que habilita su incorporación a la negociación.
La paritaria docente, habitualmente, genera importantes trastornos: la última vez que las clases comenzaron a tiempo fue en 2011. Hubo paros en 2012, 2013 y principalmente 2014, con 21 jornadas de inactividad en total, incluyendo 17 días consecutivos en el mes de marzo, situación que postergó el arranque del ciclo lectivo hasta abril.
Casi tan ardua es, cada año, la paritaria de los trabajadores estatales, es decir, los empleados incluidos en la Ley 10.430 y que abarca a una variedad de sectores, entre ellos los auxiliares de escuelas y hospitales, por ejemplo.
Su representación es tripartita: ATE, UPCN y FEGEPPBA -que agrupa a una cantidad de sindicatos menores, algunos más combativos que otros- reciben la convocatoria a comienzo de cada año. El más combativo, generalmente reacio a todas las ofertas de la Gobernación, es ATE, conducido actualmente por Oscar De Isasi, mientras que UPCN muestra un perfil decididamente aliado -su líder, el ex diputado provincial Carlos Quintana, es cercano a Daniel Scioli-.
Casi todos los años, el Ministerio de Trabajo bonaerense resuelve esta paritaria por mayoría, haciendo el 2 a 1 y marginando a ATE. Así como ATE baja el pulgar y UPCN acepta sin demasiados pruritos, la FEGEPPBA desempata con su voto, que varía de acuerdo a las circunstancias pero, históricamente, es favorable a las autoridades provinciales.
Con los profesionales de la salud, la representación gremial corre por cuenta de AMRA, el Sindicato de la Salud Pública, ATE y, sobre todo, la CICOP. CICOP muestra un perfil sumamente combativo, organiza paros generales casi todo el año, protestas importantes o medidas de fuerza en hospitales específicos cuando ocurre algún episodio. No obstante, la discusión salarial no dura demasiado y es menos prolongada que la docente.
A los planteos históricos por los sueldos, insumos e infraestructura, hay otro que cobró vigor en los tres últimos años: la necesidad de reforzar la seguridad en los centros de salud, con resultados dispares, que incluyen la incorporación de los botones antipánico en las guardias y la persistencia de los focos conflictivos, generalmente riñas entre familiares o agresiones a los doctores.
Los judiciales de la AJB merecen su propio párrafo. Desde que fue sancionado el nuevo marco laboral para los municipales, y el reconocimiento de la paritaria, los trabajadores de los tribunales pasaron a ser los únicos que no tienen ese derecho asegurado en una ley, a pesar que la cartera laboral hace un llamado formal cada año para evitar descontento y paros.
El sindicato liderado por Hugo Blasco, lleva varios años exigiendo que el derecho a paritarias sea reconocido legalmente, sin fortuna aun.
En este caso, los judiciales piden una recomposición de sus sueldos, pero que esas mejoras sean enmarcadas en la restitución de un viejo beneficio vetado a principios de los noventa, por un decreto de Antonio Cafiero, que es la Porcentualidad Salarial, un mecanismo que enganchaba sus ingresos a las remuneraciones percibidas por los altos funcionarios del sistema judicial, como los miembros de la Corte Suprema.
A esto hay que sumar su rechazo provisional a la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo provincial, que propone la autarquía financiera para la Justicia, una descentralización de recursos por partida doble. Por un lado, el proyecto propone que el presupuesto del Poder Judicial sea fijado objetivamente -y que llegue al 7 por ciento del total provincial para 2019- y, por otro, que los gastos sean definidos por el máximo tribunal, con los salarios incluidos.
Los judiciales amenazan con no iniciar la actividad en febrero, cuando pase la feria, si algunas de estas cuestiones no progresan.
Mención especial merecen, en tanto, los policías y penitenciarios bonaerenses. Sus respectivos gremios no tienen personería jurídica ni gremial, tampoco cuentan con paritaria -cosa que aceptan a regañadientes- pero no disponen de un mecanismo formal, alternativo, por el cual canalizar sus reclamos. Es una deuda de la provincia, sobre todo del ámbito legislativo, que todavía no encontró un mecanismo adecuado para solucionar conflictos y obliga a activar medidas de emergencias cuando eso sucede, como pasó en diciembre del 2013.
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